La Contraloría General de la República advirtió que hay peligro de que los recursos de la cotización para riesgos laborales estén siendo utilizados por parte de las ARL para el pago de gastos excesivos de administración, o para el de corredores de seguros. Para el ente, “la ausencia de límites o reglamentación de los topes de administración que debía realizar el Ministerio del Trabajo, imposibilita la adecuada vigilancia de los dineros”.
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda aseguró que esas afirmaciones distan de la realidad. “En absoluto. Las aseguradoras han dado las explicaciones pertinentes. En las encuestas de opinión, los asegurados tienen complacencia por la calidad del servicio. Me parecen insólitas las afirmaciones. Si la Contraloría tiene algún requerimiento con gusto lo contestaremos”.
Según la Contraloría, la mora en la actualización del plan único de cuentas para las ARL que debía elaborar la Superintendencia Financiera de Colombia, también constituye un problema para el seguimiento de los recursos de riesgos. Por lo anterior, la CGR otorgó al Ministerio y a la Superfinanciera un plazo de 10 días para tomar las medidas pertinentes en la materia.
“La mayoría de las empresas de riesgos profesionales no están asumiendo la responsabilidad que tienen con los recursos. No hay devolución en servicios para los trabajadores. Las aseguradoras no exigen a las empresas aplicar normas de seguridad. Los empleados tienen que acudir a tutelas porque no son atendidos. Esto demuestra que se están utilizando los dineros en otra cosa”, aseguró Tarsicio Mora, el ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
No obstante los argumentos de la Contraloría y de los trabajadores, ni la Superfinanciera ni el Ministerio incurren en algún delito de tipo de falta perentoria según algunos expertos en derecho laboral. Por ejemplo, Iván Jaramillo, experto laboral de la Universidad del Rosario dijo : “La ley ciertamente requiere corregir vacíos que se crearon a las declaratorias de la Corte Constitucional, pero es más para la operatividad de lo ya legislado y no en términos financieros. El sistema está funcionando relativamente bien, no veo una dificultad financiara”. Por su parte, Andrés Uribe, experto laboral de e-consulting apoya el argumento de que no hay ningún tipo de mandato legal para las entidades en cuestión.
Unas 4.000 empresas usan el teletrabajo
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda aseguró que esas afirmaciones distan de la realidad. “En absoluto. Las aseguradoras han dado las explicaciones pertinentes. En las encuestas de opinión, los asegurados tienen complacencia por la calidad del servicio. Me parecen insólitas las afirmaciones. Si la Contraloría tiene algún requerimiento con gusto lo contestaremos”.
Según la Contraloría, la mora en la actualización del plan único de cuentas para las ARL que debía elaborar la Superintendencia Financiera de Colombia, también constituye un problema para el seguimiento de los recursos de riesgos. Por lo anterior, la CGR otorgó al Ministerio y a la Superfinanciera un plazo de 10 días para tomar las medidas pertinentes en la materia.
“La mayoría de las empresas de riesgos profesionales no están asumiendo la responsabilidad que tienen con los recursos. No hay devolución en servicios para los trabajadores. Las aseguradoras no exigen a las empresas aplicar normas de seguridad. Los empleados tienen que acudir a tutelas porque no son atendidos. Esto demuestra que se están utilizando los dineros en otra cosa”, aseguró Tarsicio Mora, el ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).
No obstante los argumentos de la Contraloría y de los trabajadores, ni la Superfinanciera ni el Ministerio incurren en algún delito de tipo de falta perentoria según algunos expertos en derecho laboral. Por ejemplo, Iván Jaramillo, experto laboral de la Universidad del Rosario dijo : “La ley ciertamente requiere corregir vacíos que se crearon a las declaratorias de la Corte Constitucional, pero es más para la operatividad de lo ya legislado y no en términos financieros. El sistema está funcionando relativamente bien, no veo una dificultad financiara”. Por su parte, Andrés Uribe, experto laboral de e-consulting apoya el argumento de que no hay ningún tipo de mandato legal para las entidades en cuestión.
Unas 4.000 empresas usan el teletrabajo
Según el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, hay unas 4.000 empresas que ya están implementando el teletrabajo y hay más de 31.000 teletrabajadores en el país. Así lo dio a conocer el Ministro en la firma del pacto por el teletrabajo, que se realizó con 13 compañías en Antioquia. Carvajal, Argos, Grupo Nutresa, Suramericana, EPM, Une, Kumo, Fenalco, Universidad Católica del Norte, Tele Antioquia, el Minuto de Dios y el Politécnico se sumaron a esta modalidad de empleo en el país.
Fuente: http://www.larepublica.com.co/economia
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